Inmersos de lleno en la crisis -cuyos zarpazos, con ser graves, no son sólo económicos- la parte más vital de la sociedad gallega asiste atónita al baile de confusiones y a la inoperancia que se ha instalado en nuestra vida pública, mientras se encienden cada día más luces rojas de alarma. Resulta difícil mirar para otro lado o dejarse llevar confiando en que las cosas se irán arreglando por sí solas. Por eso es necesario levantar la voz y llamar la atención de los corazones nobles, como hemos hecho siempre en momentos cumbre, desde grandes medios de comunicación, aquellos que tenemos como norma cumplir con nuestra responsabilidad. Y eso ha de hacerse por encima de cualquier posición cómoda, aun a riesgo de ganarse las incomprensiones de unos y las declaradas hostilidades de otros.
No es nada nuevo. Quienes hace ya dos años vimos aproximarse, con bastante antelación, toda la crudeza de la depresión económica, fuimos tachados entonces de agoreros del pesimismo, de alentadores del desánimo e incluso de antipatriotas. Los hechos, tan inapelables, han venido a demostrar lo que hoy ya son dos evidencias: una, que no era la querencia por lo negativo, sino un ejercicio de ciudadanía, avisar entonces de lo que se nos venía encima; y dos -lo que resulta mucho más grave-, que no se aprovechó aquel tiempo precioso para reaccionar. Ni siquiera ahora se toman medidas resolutivas para enderezar un rumbo meridianamente equivocado. Por eso yo protesto.
Yo protesto contra el cortoplacismo miope de los agentes políticos, enfrascados hoy en satisfacer sus ansias electorales escondiendo el polvo debajo de las alfombras, aun a sabiendas de que el viento que soplará después de marzo lo esparcirá todo hasta dejar la estancia inhabitable. No de otra forma se pueden entender, por ejemplo, las ayudas al sector de la automoción, inoperantes si tienen como objeto ocultar los dramáticos efectos de la crisis hasta después de la batalla electoral.
Yo protesto también porque pequeñas y medianas empresas, que son parte esencial de nuestro tejido productivo y han creado tanto empleo, se ven abocadas al cierre sin que nadie se digne reparar en su drama. Y al mismo tiempo, grandes empresas y grandes empresarios que han demostrado con hechos y sin retórica su amor por Galicia son prácticamente expulsados y casi obligados a llevar su capacidad de iniciativa a otros lugares.
Es difícil encontrar en nuestro entorno despropósitos más grandes que los que aquí se cometen, mientras se despilfarra sin tino en operaciones de imagen que tienen como objeto enmascarar con fulgores de escaparate lo que en realidad no se posee. No de otro modo se pueden entender las moles vacías del Gaiás; los gastos desproporcionados en decoración o transporte; las maquilladas y exasperantes listas de espera en la sanidad pública, y, sobre todo, la decepcionante promesa -por incumplida- de la atención a las personas dependientes. No contentos con maquinar continuas campañas de imagen, o de intentar domesticar a la prensa, no faltan incluso políticos que deciden crear sus propios medios de comunicación para garantizarse al precio que sea la foto más favorecedora.
Se ha dicho alguna vez que la política es la profesión más noble cuando su objetivo es el interés general, y la más mezquina cuando se hace por interés propio. Por eso es obligado protestar contra el populismo, el clientelismo y el favoritismo.
Fueron los auténticos padres del galleguismo los que más se manifestaron a lo largo de la historia reciente contra las prácticas caciquiles. Pero ahora ha surgido un nuevo caciquismo que se disfraza de falsa modernidad y opera con desparpajo en todo cuanto se pone a su alcance, desde las concesiones eólicas a las plazas de empleo público.
Flaco favor hacen a la historia. De los grandes galleguistas heredó Galicia un noble concepto de país, armónicamente integrado en España y en Europa, que destacaba sus valores y los relacionaba sin antagonismos con el mundo. Así pensamos siempre los que, como yo, tuvimos la feliz experiencia de compartir trabajo y proyectos ilusionantes con Ramón Piñeiro, Domingo García Sabell, Francisco Fernández del Riego, Valentín Paz Andrade, Marino Dónega o Carlos Casares; todos ellos colaboradores en las páginas de La Voz de Galicia, que siempre ha estado abierta a los sueños que pugnan por el engrandecimiento de nuestra tierra.
Ahora, aquel hermoso ideario de los grandes galleguistas parece usurpado en manos de intolerantes que lo emplean como arma arrojadiza entre gallegos. Muchos callan ante esto. Pero yo, que fui multado precisamente por impulsar que se publicase en gallego en este periódico, hoy protesto. Protesto porque el idioma que antes fue negado ahora se quiere imponer sin contemplaciones ni concesiones al sentido común. Y la lengua se parece en esto al amor. Si nadie por la fuerza pudo retirarla, nadie por la fuerza podrá tampoco imponerla.
Al cabo, este intento de imposición es solo un síntoma más de la preocupante deriva que, a causa de las confrontaciones partidarias, se viene dando en el actual Estado de las Autonomías. Los estados federales que son ejemplo en el mundo han establecido mejores pautas de relación y cohesión interna que las que se están dando en España en asuntos tan enloquecidos y carentes de lógica como la financiación autonómica, la educación, la ruptura de la unidad de mercado o el gravemente deteriorado principio de la igualdad entre ciudadanos.
Ni quienes en las instancias ejecutivas tienen la obligación de ordenar la vida pública, ni quienes han sido facultados por el pueblo para ejercer la oposición están cumpliendo con sus obligaciones.
En el ámbito político, todo se traduce en guerras partidarias (incluso dentro del mismo gobierno), en espionajes (incluso dentro del mismo partido), en delaciones y en intereses personales.
En el campo económico, asistimos a una crisis mundial causada por la avaricia de empresarios y dirigentes sin escrúpulos, cuyas malas prácticas han sido consentidas por los supuestos encargados de controlarlas e impedirlas.
Mientras, grandes pilares básicos de la vida en común se desmoronan ante la inacción de la sociedad. Los rectores de las universidades gallegas claman en el desierto por la falta de recursos que las ponen a la cola de Europa en un momento en el que se reformula el futuro de los estudios universitarios. Los jueces, divididos como nunca, añaden problemas e incongruencias al más ineficiente de los poderes que rigen la vida de los ciudadanos. Las entidades financieras ignoran sus obligaciones mientras crece el rosario de empresas ahogadas por la falta de recursos. Las listas del paro se agrandan y se llenan de dramas permanentes, hasta hacer entrever las calamidades de la desolación y la revuelta social. Hacienda, que somos todos, muestra una infamante doble cara: mantiene su exigencia ineludible al autónomo que en un revés pierde a sus clientes, mientras envuelve en mullidos cojines a sociedades anónimas que, como las deportivas, eluden sus obligaciones con el Estado (con todos nosotros) y acumulan deudas más que obscenas.
Por todo eso yo protesto. Y por la falta de compromiso que nos está haciendo perder de nuevo el tren de la historia en cuestiones tan fundamentales para el futuro de esta comunidad como las infraestructuras, la energía y el desarrollo tecnológico. La lentitud y la ineficacia en estos campos solo vienen a confirmar que Galicia no ha reaccionado todavía con presteza ni a sus propios desequilibrios internos ni a la amenaza de una península hemipléjica, donde todos los motores económicos y sociales se concentran en la mitad oriental y toda la rémora y la falta de perspectivas se quedan en el abandonado paraíso del Finisterre.
Si digo todo esto, si protesto incluso por tener que protestar, no es porque me embarguen sentimientos derrotistas. Justo al contrario. Solo los indolentes callan. Los batalladores saben que el primer paso para afrontar con arrojo la solución de los problemas es dándoles la cara; poniéndose frente a ellos; citándolos.
Ese ánimo positivo me llevó a decir públicamente en noviembre del año pasado que es tiempo de fraguar un gran acuerdo. Y lo reitero ahora: nada se alcanzará sin una acción concertada, que sume esfuerzos para aprovechar las oportunidades. Un gran acuerdo social, no solo entre políticos, que cuaje en un gran proyecto de Galicia en el que todos puedan sentirse cómodos y confiados.
Por todo esto, hace falta más que nunca que regrese la desaparecida sociedad civil. Que se restablezca de la postración, que conozca, que pida cuentas, que juzgue, que actúe. Porque dicen los manuales que después de la depresión económica viene siempre la depresión social. Pero esa es una tragedia que Galicia no se debe volver a permitir. Y, desde luego, no se puede permitir hoy.
- Santiago Rey Fernández-Latorre
- La Voz de Galicia
- 7 de febrero de 2009
