8 de diciembre de 2010

Alarma por el estado de alarma

Yo, como ustedes, no salgo aún de mi asombro e indignación por el caos monumental que el interés egoísta de dos mil controladores ha terminado provocando -el cierre de nuestro espacio aéreo durante casi veinticuatro horas-, lo que ha generado la cancelación de más de 4.000 vuelos y afectado a 630.00 viajeros desde el viernes. Y yo, como ustedes, me alegro de que las medidas adoptadas por el Gobierno hayan puesto fin a una huelga tan salvaje e inadmisible.

Pero tal alegría no me impide sentir una honda preocupación como jurista y como ciudadano, pues, a mi juicio, mientras que la declaración, por primera vez en nuestra reciente historia democrática, del estado de alarma podría ser ilegal, su efecto principal -el sometimiento de personal civil a los tribunales castrenses- está afectado de un claro vicio de inconstitucionalidad.

Por lo que se refiere a lo primero, el Gobierno se ha amparado para declarar el estado de alarma en lo previsto en el artículo 4.c) de la ley orgánica de estados de alarma excepción y sitio, que, en efecto, posibilita tal declaración cuando se produce la paralización de servicios públicos esenciales, pero que exige, también, algo que en este caso manifiestamente no se ha dado: que concurran, además, algunas de las circunstancias contenidas en el propio precepto (calamidades publicas de carácter natural o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad). Esa no concurrencia convierte, de hecho, y según la doctrina constitucional más acreditada, la declaración en ilegal.
Siendo ello gravísimo, lo es mucho más que el Gobierno haya optado en su declaración por decretar la movilización de los controladores y por echar mano de una ley preconstitucional (la de navegación aérea de 1960) para someterlos a la jurisdicción de los tribunales castrenses, sometimiento que vulnera con toda claridad la taxativa prescripción contenida en el artículo 117.5 de la Constitución: según él, el ejercicio de la jurisdicción militar solo cabe en el ámbito estrictamente castrense y en supuestos de estado de sitio. No es por ello casual que la ley de estados excepcionales prevea, en coherencia con tal limitación, que solo bajo el estado de sitio puede el Congreso de los Diputados (¡y nunca el Gobierno por decreto!) determinar qué delitos quedan sometidos a la jurisdicción militar (art. 35). Citaré en apoyo de mi tesis las palabras del mejor especialista español en la materia -mi colega Pedro Cruz Villalón, ex presidente del Tribunal Constitucional-, quien ha insistido en «la inviabilidad de la pretensión de someter a la jurisdicción militar a los ciudadanos no militares en base al estado de alarma» (Estados excepcionales y suspensión de garantías, Tecnos, Madrid, 1984, página 80).

Los españoles aplauden, con razón, la mano dura, cuando, según acaba de ocurrir, esta sirve para resolver los problemas que injustamente les afectan. Pero aplauden más aún que los gobernantes actúen con prudencia y responsabilidad para no tener que aplicar la mano dura, sobre todo si ello da lugar, como ha sucedido en este caso, a una vulneración de la ley y de la Constitución. Hubiera sido infinitamente mejor para todos y para nuestro Estado de derecho no dejar pudrir un conflicto en el año largo que ha habido para ello que recurrir, in extremis, a una militarización, que recuerda prácticas históricas felizmente superadas y que la Constitución quiso que nunca más se repitieran. Hasta ahora se había conseguido.

8 comentarios:

Jota Ele dijo...

He leído con toda atención tu entrada de hoy, Campurriana, desconociendo en el momento presente si la autoría es tuya o está copiada de alguien ajeno o cercano a tu blog, pues desconozco también tu condición de profesional del Derecho.

Como jurista te diré que, teniendo razón en algunas de las tesis apuntadas, las afirmaciones vertidas son opinables jurídicamente hablando. No me extenderé, porque no habría cabida en un comentario por falta de espacio. En todo caso, si considero pertinente decir que la medida ha sido, ¿precipitada? y desproporcionada al problema, que se podría haber solucionado de otra u otras maneras. Por otra parte, es necesario informar que la supresión de derechos fundamentales que lleva consigo, no sólo afecta a los controladores aéreos, sino al conjunto de todos los ciudadanos, lo que me lleva a afirmar que estamos ante un caso insólito e inaudito.

Como ya he comentado en otros lugares, la culpa de la situación creada es casi exclusiva de los controladores. Estirpe privilegiada que, ganando mucho más que sus colegas de otros países, trabajan también mucho menos que ellos. Al querer adecuar sus condiciones laborales a los tiempos que corremos, han visto peligrar sus excesivos privilegios y ello ha desembocado a través del tiempo en los sucesos de todos conocidos.

Pero, hay una segunda lectura del problema. Tengo para mi, que por muy ineptos que sean quienes nos gobiernan, (que lo son), esta decisión obedece a una estrategia maquiavélica para desviar la atención de la ciudadanía sobre la insostenible situación que padecemos en España. El hecho de publicar las nuevas condiciones laborales de este colectivo el mismo día que comenzaba el largo puente y más conociendo que la situación de los controladores era un polvorín a punto de explotar, se me antoja como una provocación perfectamente meditada para hacer saltar por los aires dicho polvorín.

Si mi hipótesis es correcta, es evidente que los objetivos pretendidos han dado resultado. Pero, veremos cuánto dura la nueva situación creada entre la opinión pública. Me temo que, como siempre, han calculado mal los acontecimientos.

Saludos, Campurriana.

Cornelivs dijo...

Aplaudo tu entrada, amiga Campurriana.

Yo tambien soy profesional del derecho, y no veo nada maquiavelico en la decisión de este gobierno (gbobierno que a mi no me gusta nada, por su ineptitud, todo hay que decirlo), no le busquemos los tres pies al gato.

Me gusta tu entrada y asi lo digo.

un abrazo, amiga.

Campurriana dijo...

Perdonad porque con las prisas no puse la fuente del artículo de La Voz de Galicia. Subí esta entrada estando en Madrid y no pude añadir esta información hasta ahora. Yo no soy profesional de derecho pero he estudiado/leído algo de legislación y cuando se declaró este estado me quedé pensativa por las dudas generadas al respecto en cuanto al tema jurídico. Considero que el Gobierno está jugando a otros juegos y que su decisión sí que ha sido precipitada aunque no digo que no se merezcan los controladores un castigo y un cambio de condiciones que, por otro lado, han sido concedidas por el Gobierno (no lo olvidemos)...

Soy, por cierto, una de las afectadas por esta situación tan vergonzosa.

Sebastián Navarrete dijo...

Desconociendo los aspectos jurídicos lo expuesto me parece que se hace con mucho sentido común. Creo que se ha optado por una solución dramática ante un caso que se ha dejado que llegue demasiado lejos. Por otro lado, creo que este colectivo difícilmente entenderá que han de olvidarse de los privilegios de los que gozaban hasta ahora. Abrazos.

Campurriana dijo...

Totalmente de acuerdo, Sebastián. No se puede guardar por tanto tiempo lo que se esconde bajo las alfombras...

Douce dijo...

Hola, Campu

No soy jurista, ni tengo ninguna de las cualidades requeridas para tan difícil profesión.No puedo aplaudir tampoco su actuación. Puedo suponer que es un problema complejo y sobre todo que viene de muy lejos y que no se ha sabido afrontar debidamente por los distintos responsables...

Dicho eso, me parece que también hay una parte importante de responsabilidad por parte del Gobierno. El actual ministro de Fomento no me parece la persona más idónea para tener el tacto suficiente para afrontar un problema complejo.La actuación me ha parecido precipitada, excesiva en la forma e ineficaz a largo tiempo.Las reacciones desmesuradas e improvisadas a mi juicio, no es la manera de resolver el problema y no ha cerrado la 'herida'.El tiempo indicará si ha sabido 'resolver' o es un sólo remiendo.

Todo sea dicho desde mi 'ignorancia' y quiado tan sólo por mis sensaciones.

Toño dijo...

Hola Campurriana, interesante entrada. Yo no soy jurista, ni lo pretendo, ya que mi formación académica es otra. No obstante, sí soy un observador y fíjate la entrada que publica hoy Vergara: da el clavo.

http://blogs.publico.es/vergara/files/2010/12/2010-12-10.jpg

Saludos desde Cantabria, Campurriana

Campurriana dijo...

Náufrago, efectivamente es un problema complejo porque se ha permitido, en tiempos de abundancia, demasiado a este colectivo. El Gobierno ha cedido y ha cedido y ahora el problema se ha complicado aún más...Sin duda, la formación de nuestros dirigentes no es la adecuada para "inconvenientes" como éstos. Yo creo que debería verse verdaderamente la mano dura y dudo que se llegue a tanto...

Toño, da en el clavo totalmente.

Un saludo a ambos y gracias por dejar vuestro granito de arena.